La Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda (Fundavivienda), hizo en el año 2017 un  Estudio comparativo en materia del derecho humano a la  vivienda, en la República Bolivariana de Venezuela, la República de Colombia y el Reino de España. Dentro del estudio del marco jurídico y algunas cifras relevantes con respecto a las políticas de vivienda de los tres países, lo primero que salta a la vista es el enfoque totalmente distinto de cada uno de ellos.

En el caso español, la privatización del derecho a la vivienda es lo más resaltante de su política, la concepción de las leyes desde una perspectiva económica es una constante dentro de la legislación ibérica. Allí, la empresa privada se encarga de suministrar los fondos necesarios para la construcción y rehabilitación de viviendas, que son concebidos como inmuebles dentro de un mercado cambiario, donde el que dispone de los recursos económicos necesarios puede acceder a ellos y quien no los tiene queda fuera del sistema.

Por su parte, Venezuela representa la otra cara, una política dirigida por el gobierno central que se encarga de dar respuesta a las deficiencias en materia de vivienda en todo el territorio nacional. En Venezuela, la entrega en seis años de más de 1.800.000 viviendas, en su mayoría a los sectores más desposeídos a nivel nacional y muchas de ellas de manera gratuita, son una de las pruebas más contundentes de los esfuerzos del Estado venezolano por garantizar el derecho a la vivienda digna consagrada en no solamente a nivel internacional, sino en la Constitución y las leyes venezolanas.

Mientras tanto, Colombia, representa una especie de término medio entre la política neoliberal de España y la Social de Venezuela, ya que plantea un sistema en el que el mayor peso para la construcción de viviendas lo llevan los departamentos y la empresa privada, intentando que el gobierno central solo trate casos de extrema urgencia. La solución a los problemas de vivienda se aborda desde la visión de un “sistema de ciudades amables y productivas”, sin embargo, no queda del todo claro como este sistema garantizará el derecho a la vivienda, pues parece un sistema de desarrollo económico más que un sistema garante de los derechos humanos.

Para solicitar una copia completa del estudio, lo puede hacer a través del correo fundavivienda.ven@gmail.com

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